
El acceso indebido a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid pasó de ser de ser una infracción leve a grave, elevando las sanciones de 90 a 200 euros. Un cambio normativo que muchos conductores van descubriendo del peor modo: con una multa inesperada en su buzón.
Hasta el 20 de marzo de 2022, quienes accedían indebidamente a Madrid ZBE se enfrentaban a una sanción de 90 euros (45 con pronto pago). Sin embargo, desde el 21 de marzo de 2022, con la entrada en vigor de la Ley 18/2021, se modificó la consideración de la infracción, pasando de leve a grave, lo que supuso un incremento hasta los 200 euros (100 con pronto pago). Se trata de una medida que sigue levantando ampollas, al elevar más de un 50% la cuantía de la multa y encasillar la infracción en la lista de faltas graves junto con otras infracciones que sí atentan contra la seguridad vial.
Y es que, acceder de manera indebida a la ZBE se castiga con la misma cuantía económica (multa grave), por ejemplo, que no llevar puesto el cinturón de seguridad, hacer uso del móvil mientras se conduce (estas llevan asociada también retirada de puntos) o no llevar casco al conducir un vehículo de movilidad personal, como los patinetes eléctricos.
Las cifras que avivan la polémica
Según datos de DVuelta, casi una de cada tres multas de tráfico en Madrid está relacionada con la ZBE. Pero lo que más sorprende es la evolución de la recaudación por sanciones: el Ayuntamiento ha pasado de ingresar 142,6 millones de euros en 2019 a 211,4 millones en 2024, un aumento de casi el 50%.
A pesar de este incremento en la recaudación, el número total de multas apenas ha variado en los últimos cinco años: 2.669.638 en 2019 frente a 2.666.934 en 2023. En el caso de las multas por ZBE, también se observa un leve descenso: 811.889 en 2022 y 721.534 en 2023. Entonces, si no se han impuesto muchas más multas, ¿qué explica el aumento de la recaudación? La respuesta está en el precio de cada sanción.
¿Recaudación fácil o política medioambiental?
El endurecimiento de las multas genera dudas sobre la verdadera intención de la medida. Mientras que algunos defienden que se trata de una estrategia para reforzar la lucha contra la contaminación, otros ven en ello una fórmula sencilla para aumentar los ingresos municipales a costa de los despistes de los conductores.
La falta de información y la ambigüedad del Gobierno al respecto solo avivan la sospecha de que, más que una medida medioambiental, se trata de un recurso eficaz para llenar las arcas municipales. ¿Estamos los conductores pagando el precio de la recaudación fácil?