El inmobiliario de Alicante ve peligrar 1.800 millones si se limita la compra de casas a extranjeros
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La intención del Gobierno de Pedro Sánchez deimponer limitaciones y aplicar un hachazo fiscal a la compra de vivienda por parte de extranjeros ha puesto en alerta a uno de los grandes motores económicos de Alicante, el sector inmobiliario. En una provincia donde los compradores de fuera de España suponen la mitad del mercado, el impacto de esas medidas podría afectar a una industria que supone 5.600 millones de euros al año.
La vivienda se ha convertido en uno de las grandes preocupaciones de los españoles y se ha colocado en el centro del debate político. El fuerte encarecimiento del alquiler y de la compra ante escasa disponibilidad en muchas grandes ciudades ha llevado al presidente a incluir entre sus medidas estrella en esta materia restricciones para la compra de casas a los extracomunitarios con un incremento de la carga fiscal en caso de compra de hasta el 100% del valor del inmueble.
La Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de Alicante (PROVIA) muestra una profunda preocupación por el impacto que podría tener la propuesta del Gobierno central de incrementar los impuestos a la compraventa de viviendas a quienes no residan en la Unión Europea en una zona como la Costa Blanca, donde la vivienda turística es uno de sus grandes motores de actividad.
Según los promotores alicantinos, el 53,65% de las ventas de vivienda en la provincia de Alicante correspondieron a extranjeros durante 2023. De esas compraventas, un 32,06% fueron realizadas por ciudadanos de nacionalidades extracomunitarias. A partir de los datos se puede extrapolar que el volumen que suponen se sitúa en alrededor de 1.800 millones de euros anuales.
Quienes compran
Por nacionalidades, los británicos, que durante décadas han sido uno de los grandes compradores de casas en la provincia, están a la cabeza, con 3.942 operaciones de compraventa. La guerra de Ucrania también provocó una fuerte demanda de ese país, que además cuenta con una numerosa comunidad en municipios como Torrevieja, con 1.400 compraventas formalizadas en 2023.
La medida también afectaría a otros grandes compradores habituales como rusos y noruegos, en este último caso con una afección muy importante en localidades como Alfaz del Pi.
«Hay mucha preocupación porque estamos hablando de mercados que son fundamentales para el sector y que pueden echar por tierra el trabajo de años de promoción», señalan fuentes de la patronal inmobiliaria alicantina. Precisamente en los últimos años uno de los esfuerzos continuados de la asociación había sido diversificar mercados y posicionar la Costa Blanca como destino de inversión en país como Estados Unidos y otros estados extracomunitarios, tanto hispanoamericanos como asiáticos.
Dudas sobre la eficacia
Pero además del efecto demoledor que podría tener para la economía alicantina, los empresarios también ponen en duda la eficacia de la medida para hacer frente al problema del acceso a la vivienda. «El tipo de vivienda que busca un noruego o un ucraniano en la playa no es la que necesita una pareja joven que quiere independizarse», argumentan.
Precisamente el precio de las viviendas residenciales para extranjeros es otro de los grandes factores diferenciales de un segmento muy especializado en el caso de la Costa Blanca. Por todo ello, la asociación confía en que la medida pueda suavizarse o, incluso, suprimirse durante el proceso de tramitación si finalmente sigue adelante.
En su lugar, los empresarios del sector insisten en la necesidad de soluciones estructurales a la escasez de vivienda, como facilitar la disponibilidad de suelo y garantizar la seguridad jurídica para el alquiler.
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