
El Gobierno refuerza la protección para los ciudadanos que no pueden pagar sus deudas. Por un lado, limitará los intereses de demora que se originan en caso de impago en los créditos al consumo a un máximo del tipo de interés ordinario más tres puntos porcentuales y, por otro, establece facilidades para que los consumidores vulnerables puedan repagar su deuda en el caso de que su banco decida sacarla a la venta. Son algunos de los cambios que introducirá la futura ley de servicers aprobada ayer por el Consejo de Ministros y enviada al Congreso para su trámite parlamentario.
El denominado Proyecto de Ley de administradores y compradores de créditos traspone una directiva aprobada en 2021 para homologar la actividad de compraventa de deuda originaria de la banca a escala europea. Entre otras medidas crea la reserva de actividad para los servicers, que tendrán que estar autorizados para operar y serán supervisados por el Banco de España.
El Gobierno ha aprovechado el texto para introducir cambios en la ley de Crédito al Consumo como topar los intereses de demora o para empoderar al cliente en caso de financiaciones indefinidas (el crédito revolving) para que, en caso de subida de su tipo, puedan rechazarla o cancelar su contrato..
En el caso de la venta de carteras introduce medidas que obligarán a la banca a renegociar el préstamo con el cliente. Si se trata de una hipoteca, el texto enviado al Consejo de Estado tras someterlo a consulta del sector establecía que las entidades deberán aplicar los protocolos de reestructuración de deudas fijados en el Código de Buenas Prácticas y que contempla tanto exoneraciones de intereses o ajustes como fijar quitas o daciones.
Si el cliente es vulnerable -tiene que cobrar el Ingreso Mínimo Vital, IMV-, dicho texto establecía que el banco tendrá que presentarle un plan de pagos que congele el devengo de nuevos intereses y gastos asociados al préstamo.
Dicho plan fijará un repago de la deuda acorde a las circunstancias del cliente, sin que en ningún caso supere el 5% del IMV. La norma exige además quitas en intereses, gastos y deuda pendiente siempre que cumplan con el repago acordado o, en caso contrario, el banco podrá vender su deuda.