Trump ordena a Chevron dejar de exportar petróleo desde Venezuela el 3 de abril
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ARCHIVO - El presidente de Chevron en Venezuela, Javier La Rosa (izquierda) durante un evento en Caracas, el 2 de diciembre de 2022. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo)
- Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford tendrán que retirarse el 9 de mayo
- Repsol, Eni y Maurel & Prom siguen atentamente los pasos del Gobierno de EEUU
Estados Unidos acaba de asestar un duro golpe a Venezuela que ha hecho saltar las alarmas en Repsol, Eni y Maurel & Prom. El Gobierno de Donald Trump ha ordenado a Chevron que abandone cualquier exportación de crudo desde este país como castigo por el incumplimiento de los compromisos electorales por parte de Nicolás Maduro. La medida se hará efectiva en un plazo de un mes, concretamente, el 3 de abril. Asimismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también impedirá operar en el país a las compañías Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford desde el 9 de mayo.
La decisión de EEUU pone ahora el foco en la presencia que mantienen en el país la española Repsol, la francesa Maurel & Prom (M&P) y la italiana Eni.
En Venezuela, tras la firma del Acuerdo Marco entre Repsol y PDVSA el 18 diciembre 2023, la petrolera española asumió la operación de los activos de Petroquiriquire. La española incorporó los activos de Tomoporo y La Ceiba a la cartera de activos de Petroquiriquire mediante un acuerdo con Petróleos de Venezuela para tomar un 40% de dichos campos petrolíferos. La operación, valorada en 1.700 millones de dólares (1.590 millones de euros), aspira a desarrollar estos dos campos, que iban a permitir duplicar la producción de crudo del área de Petroquiriquire.
Ambos yacimientos incorporan 20.000 barriles diarios de petróleo y aspiran a convertirse en la fórmula de la española para recuperar parte de la deuda del pasado sin incrementar la exposición financiera al país. De hecho, la compañía ha logrado recuperar 166 millones de dólares de la deuda pendiente con PDVSA durante el año pasado.
Según figura en la nueva orden emitida por la OFAC, Chevron no podrá llevar a cabo el pago de cualquier impuesto o regalía al Gobierno de Venezuela. El pago de cualquier dividendo, incluyendo un dividendo en especie, a PdVSA, o a cualquier entidad en la que PdVSA posea, directa o indirectamente, una participación igual o superior al 50%. La venta de petróleo o productos petrolíferos producidos por o a través de las alianzas de Chevron para la exportación a cualquier jurisdicción que no sea Estados Unidos.
En 2019, Estados Unidos implementó una serie de sanciones económicas destinadas a aislar al régimen de Nicolás Maduro. Estas medidas fueron especialmente severas en el sector petrolero, prohibiendo cualquier tipo de comercio o transacción con la industria de Venezuela. El detonante de estas sanciones fue el cierre de la Asamblea Nacional por parte del gobierno de Maduro, calificado como un golpe de Estado por la comunidad internacional.
Las sanciones impuestas por la administración Trump establecieron que cualquier empresa que operara sin autorización de EEUU enfrentaría severas penalizaciones. Esto provocó un éxodo masivo de empresas extranjeras y una drástica reducción en la producción petrolera venezolana.
Durante la administración de Joe Biden (2021-2025), las sanciones fueron parcialmente flexibilizadas. Empresas como Chevron y Repsol recibieron licencias especiales que les permitieron operar en Venezuela bajo un marco legal controlado. Este cambio se produjo en un contexto de crisis energética mundial derivada de la invasión de Ucrania y conflictos en Oriente Medio. El alivio de las sanciones, sumado a una necesidad de diversificar fuentes de petróleo, permitió a Venezuela aumentar su producción, alcanzando en enero de 2025 una media de 1,03 millones de bpd, según datos de la OPEP. Sin embargo, esta cifra aún está muy por debajo de su potencial histórico, a pesar de que el país cuenta con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo, estimadas en más de 300.000 millones de barriles.
Tras su regreso a la presidencia en 2025, Donald Trump puso en cuestión las licencias otorgadas por Biden calificándolas como una ayuda económica al régimen de Maduro.
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