Adiós a los bloqueos de IPTV piratas para ver fútbol: empresas y usuarios acuden a la justicia para pararlos
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Si bien la lucha se lleva librando desde principios de temporada, ha sido a lo largo de este último mes que LaLiga ha pisado el acelerador en su batalla contra el fútbol pirata y las plataformas e IPTV que lo emiten, y durante todo el mes de febrero, jornada tras jornada, cientos de usuarios han sufrido el bloqueo de los enlaces y webs que utilizaban para ver esta competición de manera irregular.
Y es que con el apoyo de nuevas normativas, LaLiga junta a algunas teleoperadoras han iniciado una caza contra las IPTV que emiten de manera irregular el fútbol. La medida se ha mostrado efectiva, ya que han logrado de direcciones IP alojadas en servicios en la nube, no obstante, este «ataque» masivo contra las IPTV está lejos de ser perfecto.
Esto es porque a pesar de que para ver el fútbol, se ha descubierto que estos bloqueos también se ha llevado por delante a cientos de webs legales, donde algunas no tenían si quiera nada que ver con la emisión de partidos.
Esto es porque servicios en la nube como Cloudflare ofrecen una misma dirección IP para el que ofrece el fútbol en pirata como para una página web de una panadería, y el método que utiliza LaLiga no diferencia, tan solo bloquea sin atender qué contenido se está emitiendo. Esto ha creado una enorme polémica sobre el acercamiento que el organismo dirigido por Javier Tebas está tomando, e incluso se ha señalado como una práctica de dudosa legalidad.
Como decíamos, son cientos las empresas que no comenten ningún delito que han sufrido estos bloqueos masivos e indiscriminados, del mismo modo que hay todavía más usuarios afectados, ya que las IPTV de por sí no son ilegales y si pagan pueden emitir el fútbol, lo pueden hacer. Al igual que de nuevo muchas de las páginas afectadas no tenían nada que ver con los contenidos de LaLiga y aun así las bloquearon.
Por esa razón, representados por el abogado especializado en derecho aplicado a Internet, Javier A. Maestre, varias empresas y usuarios han presentado una solicitud de nulidad de la sentencia ante el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona, en colaboración con RootedCON, un organismo de ciberseguridad
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